Dentro de los próximos 60 días, el Fondo de Capital Social (Foncap) tiene previsto otorgar unos 4 millones de pesos en créditos para microempresas y pequeños productores con posibilidades de exportar, ampliando en poco más de un 30% la inversión actual de 12 millones de pesos que tiene ese organismo. Además, según expresó el titular del fondo y también secretario de Políticas Sociales, Daniel Arroyo, se buscará en el corto plazo completar el armado de una red de instituciones de microcrédito mediante la inscripción en un registro al que hasta hace pocos días acudieron 240 entidades de todo el país.

La finalidad de esta última tarea es garantizar, mediante la extensión de una red de banca social, que los habitantes de unas 200 localidades con 100.000 o más pobladores tengan la posibilidad de recurrir al financiamiento micro.

En una de sus líneas de acción, el Foncap fondea a esas instituciones, aunque el objetivo de la red incluye también a las instituciones que no reciben específicamente ayuda financiera de parte de ese organismo multiministerial creado en 1997 con aportes de propiedad estatal, sino de otras fuentes.

Arroyo especificó que la actual gestión busca que el Foncap se ocupe de capitalizar el desarrollo de iniciativas ya consolidadas en la sociedad. En forma paralela, el plan Manos a la Obra, que promociona el Gobierno, se ocuparía de ayudar a emprendimientos productivos de subsistencia, principalmente llevados adelante por beneficiarios del plan Jefes y Jefas de Hogar, que perciben una asignación mensual de $ 150 y a los que se busca insertar de alguna forma en el mercado laboral.

Más flexibles

Según el funcionario de la cartera de Desarrollo Social, uno de los principales objetivos de esta etapa es continuar con la ayuda a sectores económicos que cuentan con posibilidades de desarrollar su actividad pero no tienen acceso al crédito de la banca formal. Para salvar los obstáculos, el mecanismo del Foncap toma como garantía prendaria la mercadería de los productores y adapta los plazos de devolución a los tiempos de la producción.

Desde el año pasado, esta línea de créditos otorgó ayudas por un total de $ 900.000 a unos 200 pescadores de Mar del Plata dedicados a exportar anchoas a España. A eso se suma el convenio que firmó un grupo de pescadores hace una semana por otro millón de pesos, que se destinará a financiar capital de trabajo.

También se benefició a un grupo de exportadores de té y tung a Estados Unidos y Europa: se trata de 4500 miniproductores misioneros que recibieron un millón de dólares. Asimismo se prestaron 532.000 dólares a un grupo de 620 productores cañeros de la localidad de San Javier, en Misiones, y otros 732.000 dólares a 600 microproductores de miel.

En este último caso, la experiencia incluye la organización de un fideicomiso integrado por los productores, que se encarga de comprar los insumos, distribuirlos, recibir la miel, procesarla y exportarla.

Estos créditos a productores, generalmente destinados a permitir que se concreten operaciones de exportación, son de hasta 2 millones de pesos por operación, con un plazo de entre 12 y 18 meses, y a tasas que rondan el 9 por ciento anual en el caso de préstamos en dólares y el 15 por ciento en los créditos en pesos.

La finalidad de llegar a los emprendimientos individuales y más pequeños, por lo general destinados al mercado local, se cumple mediante préstamos otorgados por el Foncap a entidades civiles dedicadas a su vez a actuar como banca social. En este caso, las características de esas organizaciones no gubernamentales definen las condiciones de los préstamos, los montos y los requisitos que se deben cumplir.

Objetivo de inserción

"El objetivo es que en un año el 20 por ciento de los 2,4 millones de beneficiarios de planes sociales se inserte en el mercado laboral", comentó Arroyo, al referirse a diferentes planes de Desarrollo Social, de los que forma parte el Foncap. "La tarea es consolidar lo que hace la propia gente para salir de la crisis, fortaleciendo las instituciones locales que están instaladas allí donde está esa gente", agregó.

Esa inserción, que se realiza mediante el desarrollo de actividades tales como instalación de panaderías, herrerías, viveros, tambos o fabricación de juguetes, deja muchas veces una puerta trabada: la de entrada en la economía formal.

Los emprendimientos más micro que son financiados por las entidades civiles, según admiten los propios funcionarios, no serían sustentables si tuvieran que cumplir, para lanzarse, con todas las normas que implica un negocio en blanco. Eso no sólo deja al margen de derechos sociales a quienes no pueden contribuir, sino que los aleja de la posibilidad de crecer en la actividad, ya que todo lo que ofrecen, bienes o servicios, posee la limitación de tener que ser vendido en el circuito informal.

Arroyo afirmó que ése es un tema sobre el que se está trabajando. "Pensamos en propuestas para formalizarlos respetando sus tiempos", expresó, en alusión a proyectos que deben pasar por el Congreso.
Por Silvia Stang
Fuente Diario La Nación