El gobierno misionero impuso una alícuota del 2,5% a las exportaciones. Ya hay un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los tributaristas no descartan que otras provincias chicas se sumen en busca de recaudar más. Los empresarios misioneros ponen el grito en el cielo y los exportadores de todo el país advierten que la situación podría generalizarse, ya que las provincias buscan -sin detenerse demasiado en las formas- cómo recaudar más. Desde hace menos de tres meses Misiones cobra, desde este año, el 2,5% de Ingresos Brutos a las exportaciones. Los sectores productivos aseguran que, con esta versión provincial de las retenciones nacionales, perdieron competitividad y advierten que las exportaciones caerán como consecuencia de la mayor presión impositiva.

El presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), Enrique Mantilla, calificó de «grave torpeza» la decisión del gobernador Carlos Rovira y alertó sobre la posibilidad de que otras provincias sigan el mismo camino, aunque aclaró que no espera que la situación se repita en «las más grandes, como Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe. Eso directamente sería desastroso».

Desde la Cámara vienen reclamando la anulación del gravamen con el que la Provincia espera recaudar unos 70 millones de pesos durante el corriente año. «Es una pena que no se entienda que, de esta manera, se alejan inversiones», agrega. La decisión de Rovira generó un importante movimiento de cámaras y federaciones empresarias que acudieron a la ministra de Economía, Felisa Miceli, y a la Cancillería para reclamar que los acompañen en sus quejas ante Rovira. Sectores afectados

Los sectores más activos en contra del gravamen son la Cámara de Molineros de Yerba Mate de la Zona Productora, la Cámara de Elaboradores de Té Argentina, la Cooperativa Tabacalera de Misiones, la Cámara de Comercio Exterior de Misiones, la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná y la Asociación de Productores, Industriales, Comerciantes Forestales de Misiones. Insisten en pedir a las autoridades que atiendan los efectos negativos que implica el impuesto. Cada vez que los productores apuntan la pérdida de competitividad, desde el gobierno le responden que «ya hay sectores que están cumpliendo con las obligaciones fiscales» y los acusa de «haberse quedado atados al modelo de los ’90». Los más combativos entre los empresarios opositores son los madereros, quienes incluso amenazaron con la migración de compañías a provincias donde no exista el gravamen.

Consultado Pedro Reyna, titular de la Federación Argentina de la Industria del Mueble y Afines (FAIMA), señala que Rovira ha olvidado un concepto clave: «Los impuestos no se exportan y la carga tributaria no debe ser parte de los precios de los productos que se venden afuera».

Choque de normas

Reyna sostiene que el nuevo impuesto misionero choca con lo dispuesto por el Código Aduanero Nacional. Plantea que la Nación es la que puede definir como salida al exterior, a la extracción de mercadería de un territorio aduanero. Las provincias, en cambio, al no tener soberanía sobre el mar argentino o el espacio aéreo deben remitirse a lo fijado en el Código. En ese contexto, el titular de FAIMA plantea que todas las exportaciones para consumo tipificadas en el Código Aduanero debieran incluirse en la exención prevista por los códigos fiscales provinciales.

De todos modos, más allá de las razones esgrimidas, los argumentos de la Federación han sido sistemáticamente rechazados por la administración misionera.

Reyna enfatiza que el sector forestoindustrial de Misiones «se verá seriamente afectado y, por lo tanto, la propia provincia». El dirigente va más allá en sus declaraciones y apunta que la decisión impositiva de Rovira se convierte en «un precedente de dudosa constitucionalidad que, de seguirse en otras provincias, alteraría toda la estructura comercial argentina”.

Desde Economía provincial a lo sumo reconocen estarán analizando que el cobro de los Ingresos Brutos a las exportaciones se haga a cuenta de algún gravamen que el gobierno federal reintegre.

La posición no convenció a los integrantes de la Asociación Maderera, Aserraderos y y Afines del Alto Paraná que demandaron judicialmente a la Provincia para que deje sin efecto el pago de la alícuota. La presentación la realizaron ante la Corte Suprema de la Nación.

Inentendible

El presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, Eduardo Stienermann, coincidió en criticar el tributo por «distorsivo» y, en contacto con este diario, manifiesta que la decisión de instrumentarlo fue en contra del espíritu de la Ley de Promoción Forestal que recomienda la eliminación de Ingresos Brutos y Sellos.

«Misiones hace todo lo contrario. Es inentendible. Este tipo de impuestos frena el desarrollo del sector», agrega. «Con estos impuestos en vez de generarse empleos se crean más pobres», insiste y estima que el gobierno provincial podría recaudar unos 70 millones de pesos por la imposición aunque proyecta que algunas empresas podrían abandonar las exportaciones.

Por otro lado, Reyna sostiene que el impuesto -a mediano plazo- tendrá un «efecto cascada», ya que algunos sectores industriales se verán obligados a bajar el precio a los proveedores de materias primas para poder mantener su competitividad. Además apunta que, en muchos casos, hay una doble imposición porque muchos exportadores ya han pagado Ingresos Brutos en etapas anteriores.

Pese a una leve caída en 2005, las maderas continúan liderando el ranking de las exportaciones misioneras. El año pasado representaron un ingreso de 135 millones de dólares. En segundo lugar se ubican las pastas de madera que sumaron 104 millones de dólares.
Por Gabriela Origlia - Diario La Mañana de Córdoba