Los impuestos a las exportaciones fueron instaurados en forma transitoria en el medio de la crisis que asoló a la Argentina a principios del 2002 a efectos de financiar planes de ayuda social. Como ha sucedido con otros impuestos a lo largo de la historia argentina, lo transitorio pasó a ser permanente o al menos eso es lo que estamos presenciando actualmente. A pesar de que, según las estadísticas oficiales, la tasa de desempleo ha descendido así como los niveles de pobreza no se ha implementado ninguna reducción paralela de estos impuestos.
Según un informe reciemente publicado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), el 30% de los ingresos que obtuvo el fisco proviene de impuestos altamente distorsivos. Asimismo afirma que, durante el 2004, el 17% de los ingresos del Estado correspondieron a las retenciones a las exportaciones y al impuesto al cheque (cánones impensables en cualquier otro lugar del mundo), y el 13% de impuestos al trabajo (aquellos que hacen imposible la contratación en blanco y desincentivan la inversión). Mientras que el 70% restante correspondió a impuestos al consumo, ganancias y de otros tipos.
El mismo informe afirma que dada la presión por aumentos salariales está recrudeciendo, la situación socio–económica tiende a empeorar porque las empresas (salvo las “amigas”, beneficiadas por la brutal devaluación) no están en condiciones de ofrecer aumentos. Continúa IDESA diciendo que dada la alta complejidad de la situación, probablemente sea necesario postergar la reducción de las retenciones a las exportaciones y el impuesto al cheque.
Pero, ¿es posible sostener estos niveles de impuestos distorsivos? El fin del auge de los precios internacionales de los commodities hace que en estos momentos, el campo, la gran “vedette” de los últimos años ya sufra pérdidas, su crecimiento se ha estancado, las industrias relacionadas comenzaron a sentir la presión y muchas empresas agrícolas “no tienen espaldas” para afrontar las imposiciones. Los quebrandos comienzan y parece que a nadie le importa.
Se me dirá que si se eliminan estos impuestos distorsivos, la pérdida de ingresos del Estado sería de unos 5.000 millones de pesos, poco menos de la mitad del superávit del 2004. Pero ya se va terminando el margen para elegir y dudar: las retenciones están matando a la gallina de los huevos de oro, al motor productivo de un país que, cada día, está más lejos de llegar a ser lo que nuestros abuelos fundaron.
El tema es más claramente visto desde el exterior. Baste mencionar que los Estados Unidos incluyeron formalmente el reclamo por la eliminación de los derechos de exportación en las negociaciones por el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), de las que la Argentina participa como miembro del Mercosur. Así lo informaron fuentes de la Cancillería, que afirmaron que los países desarrollados, en especial los Estados Unidos, ejercían una fuerte presión para la eliminación de las retenciones en cada reunión en la que se discuten los subsidios agrícolas. El arguementos es que la Argentina no puede quejarse de que sus exportaciones se vean perjudicadas por los referidos subsidios, si aplica derechos de exportación que también interfieren en la rentabilidad empresaria.
La eliminación de las retenciones debe ser un objetivo de política económica y es el momento de incluirlo en la agenda. Estos impuestos son incompatibles con reglas económicas sanas y generan perversos incentivos, castigando a los eficientes y eternizando la dádiva que no sólo mata la cultura del esfuerzo sino que destruye la dignidad de quien la recibe.
Es hora de eliminar el sesgo anti-rural actual de la Argentina y sino, una vez más, se habrá matado a la gallina de los huevos de oro.
Por Mario A. Tinto - Fundación Atlas