Regímenes que solo favorecen a las grandes compañias exportadoras. El Gobierno comenzó a poner en marcha los beneficios impositivos para las empresas que promuevan la inversión en bienes de capital e infraestructura. A ese fin se destinarán 1.200 millones de pesos anuales en un plan de tres años, que consisten en devolución anticipada del IVA y amortización acelerada de los bienes de capital. Eso implica una reducción en el pago del impuesto a las Ganancias. Además, habrá otro cupo fiscal para las obras de infraestructura de gas.

Llamativamente, las empresas que recibirán esas ventajas son grandes compañías, que tienen un alto perfil exportador, están en actividades con fuerte demanda desde el extranjero y altos precios internacionales.

Se supone que en esas condiciones las empresas de referencia tendrán un fuerte interés en invertir por los altos rendimientos que les generaría esa misma inversión.

Teniendo en cuenta las grandes necesidades de la pequeña y mediana empresa en la Argentina, con históricas y estructurales postergaciones, hubiera sido preferible que ese dinero se volcara a estimular la pequeña producción.

Es la que no dispone de las fenomenales ventajas de financiamiento, de acceso a mercados y precios, de los que sí disponen y en buenas sumas los grandes grupos económicos. Es un mundo marginado, al cual el sistema bancario le da la espalda reiteradamente.

Aunque resulten odiosas las comparaciones hay que recordar todo el sistema crediticio que sostiene a la pequeña empresa tanto en Brasil, como en Chile como en los Estados Unidos, mediante el cual se consiguen resultados por demás sorprendentes.

Las pequeñas y medianas empresas son el eje productivo en grandes regiones de Francia y de Italia y son las responsables de la mayor cantidad de envíos industriales de moderna tecnología a otros mercados foráneos.

Por otra parte, los proyectos de inversión de los grandes grupos van a requerir muy poca mano de obra. Por el contrario, es sabido que la pequeña empresa contribuye en mayor medida a la generación de empleo y tiene una impronta innovadora elogiable y permanente.

En un país con alto nivel de desempleo, a pesar de los planes sociales, los beneficios impositivos deberían dirigirse a ayudar a mitigar el flagelo de los que no tienen trabajo.

También hay que ponderar el impacto de esos beneficios en el superávit fiscal. El Gobierno reiteradamente sostiene que no se pueden aumentar las jubilaciones por las restricciones de orden fiscal, dados los fuertes vencimientos de la deuda externa.

Se podría argumentar que este subsidio impositivo es necesario para incrementar la inversión. Es válido si se busca escapar lo más rápidamente posible de la tragedia de 2001. Pero también podría decirse que esas grandes empresas harían la inversión, sin más, ya que se trata de compañías que están en actividades muy lucrativas.
Por Daniel Muchnik
Fuente Diario Clarín