Uno de los primeros sectores en liberalizarse será la construcción. Una de las pocas decisiones concretas que se adoptaron en la primera cumbre presidencial del Mercosur en la que intervinieron Néstor Kirchner y Luiz Inacio Lula da Silva, en junio pasado, ha sido la de ponerle fecha límite a la liberalización del comercio de servicios en el bloque. La cuestión avanza más rápido que el resto de los puntos esbozados en el Objetivo 2006, la agenda que propuso Brasil para profundizar la unión aduanera con la Argentina, Paraguay y Uruguay.

El Objetivo 2006 plantea muchos anhelos, pero sin un cronograma ni el respaldo formal de todos los socios. En cambio, la declaración de presidentes de la cumbre de junio, en Asunción, fijó que antes del 30 de noviembre próximo deberá finalizar la cuarta ronda de negociación de compromisos específicos en materia de servicios.

Una alta fuente de la cancillería argentina explicó que uno de los sectores incluidos en la primera etapa de apertura será la construcción. Otros rubros que se liberalizarían son los de líneas aéreas y telecomunicaciones.

En cambio, el servicio financiero figura como uno de los que más demorarán en abrirse. Brasil aparece como el país más reacio a quitar las barreras al intercambio de servicios. La Argentina ya avanzó en este sentido durante la apertura económica de los noventa, lo que ahora le resta poder de negociación. Sin embargo, el mecanismo, según admitió en su momento el canciller brasileño, Celso Amorim, consiste en que los países acepten liberar sectores sin exigir concesiones a cambio, lo que en términos diplomáticos se denomina quid pro quo.

Kirchner, Lula y sus colegas Jorge Batlle (Uruguay) y Luis González Macchi (Paraguay) también abogaron en el documento de Asunción por la "pronta ratificación y entrada en vigor del Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios". Este convenio había sido firmado por los presidentes de los países miembros en 1997, pero pasaron seis años y sólo el Congreso argentino lo ratificó, según una alta fuente de la cancillería de este país.

Trabas burocráticas y políticas

No es la primera vez que una decisión del Mercosur no se aplica. Sucede esto con dos tercios de las que se adoptan. Los poderes ejecutivos y legislativos de los socios demoran, por motivos burocráticos o políticos, la aprobación, reglamentación e instrumentación de los acuerdos comunes. Brasil carga con la mayoría de las acusaciones por retrasos.

El Protocolo de Montevideo es considerado esencial para complementar el existente, aunque imperfecto, libre comercio de bienes. Los mercados comunes, como la Unión Europea, se caracterizan por la circulación sin impedimentos de productos, servicios, capitales y personas.

El tratado de 1997 afecta a las prestaciones de servicios, su compra, pago y utilización, y el acceso a ellos por parte de las naciones socias. También se incluye la presencia de personas de un Estado parte en el territorio de otro para la venta de un servicio.

Cada país otorgará inmediata e incondicionalmente a los servicios y los prestadores de cualquier otro socio un "trato no menos favorable" que el que conceda a los similares de otro origen extranjero, si es que se ratifica el protocolo. Se trata del régimen conocido como el de "nación más favorecida".

El convenio incluye el libre movimiento transfronterizo de capitales, aunque éste constituye uno de los sectores que se irán liberalizando de a poco. El pacto también elimina restricciones a la participación del capital de los Estados miembros.

El bloque aún no ha liberalizado internamente los servicios, pese a que este tema está incluido en las negociaciones con la Unión Europea (UE) y el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). La UE y Estados Unidos anhelan que el Mercosur les abra este sector.
Por Alejandro Rebossio
Fuente Diario La Nación