La Argentina cuenta con ventajas comparativas excepcionales ligadas a la producción agropecuaria. Ella constituye un eslabón de la cadena agroindustrial que depende de un alto nivel de productividad. Si éste no crece más, es por la imprevisibilidad que castiga la inversión. Lamentablemente, suele considerarse el efecto de las reglas de juego por los resultados -presuntos o reales- inmediatos, sin medir las consecuencias de largo alcance. Y así los inmediatos son entendidos como una forma de construir mayor poder. La cultura cívica origina la capacidad de resistencia al poder absoluto. Así, los gobiernos que surgen de la apatía cívica están destinados a ser malos y con tendencias monárquicas. Son los ciudadanos los que deben defender sus intereses; y el agro es el que, principalmente, debe contribuir a que la población comprenda su importancia en la vida de cada habitante, para que éste, a su vez, presione sobre el poder político.

Desafío

Este es el desafío del agro: el de la comunicación con la gente, tan relevante como el de la producción. Cuanto más acentuada es la tendencia al absolutismo, mayor es la inclinación a establecer impuestos distorsivos. Es que éstos son de fácil cobranza y, por ende, no requieren de mucha gestión gubernamental.

Entre ellos, se encuentran los derechos de exportación, mal llamados retenciones. Esta facilidad de cobro y la posibilidad de reducir determinados precios explican por qué los gobiernos quedan "encantados" con ellos. Es cierto que estos derechos sobre los commodities agrícolas pueden amortiguar subas de precios como consecuencia de una devaluación o por alzas internacionales coyunturales. Pero, también, es verdad que sus resultados no son lineales, y que cuando éstos se aplican, el tipo de cambio queda diferente según sea el eslabón.

Podemos afirmar que el dólar granario actual, por ejemplo, es apenas el 75% del dólar industrial. Estos impuestos agreden al mercado y su complejo mecanismo de precios. Es como si ellos hicieran un agujero en un buque de madera. Al principio no se notarán mayores consecuencias pero, con el tiempo, se verán los riesgos de hundimiento y los costos necesarios para impedir el siniestro. A la larga, favorecer a un área en detrimento de otra tiene un alto costo. Tampoco es verdad universal que la sola aplicación de estos gravámenes reduce los precios domésticos. Recordemos lo sucedido en la década de 1990. Durante esta década, estos impuestos quedaron prácticamente eliminados. Sin embargo, los precios internacionales no afectaron el nivel de inflación interna. A pesar de las fuertes subas que hubo en algunos años, los precios internos no se vieron alterados. Sobre todo los de la soja, que es un producto que se exporta casi en su totalidad y, por lo tanto, no empuja los precios domésticos Además, la actual estrategia cambiaria navega en una contradicción. Por un lado, pretende impulsar las exportaciones con un tipo de cambio más favorable (que incentiva la suba de precios de los alimentos); pero, simultáneamente, se reducen o neutralizan los efectos derivados mediante tales derechos de exportación. Aquí se esconde la voracidad fiscal, que permite al Poder Ejecutivo hacerse de fondos fácilmente. Obsérvese que nos referimos al poder central y no a los gobiernos provinciales.

Así, el país es forzado a tomar un camino con un acentuado sesgo centralista, dentro de un proceso de perfil mercantilista con características cuasi-monárquicas. Si el Príncipe opera discrecionalmente lo que origina es otra forma de inseguridad jurídica pues arremete sobre la soberanía del consumidor. Por ello, el núcleo duro no está en bajar, subir o mantener los derechos de exportación. La solución está en sostener una política de Estado. Una política que comprenda a la cadena agroindustrial como un todo -que se sostiene en el agro- y que es uno de los motores centrales de la economía.

Transferencias

La perniciosa acción del Príncipe obstaculiza el crecimiento de una clase de empresarios. Y en tanto y en cuanto no se dirija a tocar la estructura de costos de la administración pública, persistirá la amenaza de nuevas transferencias de ingresos desde el sector agrario hacia el Estado y determinadas industrias "elegidas".

Resulta fundamental que el propio sector, esto es que la cadena agroindustrial, con el eslabón primario a la cabeza, se convierta en supervisor número uno del manejo fiscal y del gasto público. Se trata de que cada uno de los eslabones de la cadena agroindustrial, en una visión estratégica, actúen solidariamente, tras cuentas públicas inteligentemente equilibradas.

Ortega y Gasset entiende la cuestión. Escribe: "Este es el mayor peligro que hoy amenaza a la civilización: la estatificación de la vida, el intervencionismo del Estado, la absorción de toda espontaneidad social por el Estado, es decir, la anulación de la espontaneidad histórica, que en definitiva sostiene, nutre y empuja los destinos humanos". Seguir la lección de este gran amigo de la Argentina es un camino seguro. Por Manuel Alvarado Ledesma - Diario La Nación