Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia iniciaron el miércoles pasado la ronda final del diseño de un tratado de libre comercio (TLC) bilateral pese al fallo de un tribunal colombiano que veda expresamente al Ejecutivo suscribir un acuerdo de estas características.
El hecho multiplicó las críticas de quienes en Colombia se oponen al TLC con Estados Unidos, un paso más en la construcción del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
“La actitud del gobierno colombiano constituye una burla a la decisión judicial y un detrimento al patrimonio del Estado, ya que se está gastando dinero público en una negociación prohibida por orden judicial”, censuró la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el Alca (Recalca).
La entidad criticó además que el Gobierno anunciara que en esta ronda “culminará la negociación asumiendo el costo político y que está dispuesto a ceder a las exigencias norteamericanas, aceptando como base para la negociación lo ya aceptado por Perú”.
Pese a ello, el jefe de los negociadores colombianos, Hernando Gómez, manifestó su confianza en que las negociaciones concluyan en una semana más.
El ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Jorge Botero, dijo a su vez que esperaba para la última semana de enero o primera de febrero una definición de la negociación agrícola en el marco del TLC.
El 12 de diciembre pasado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (centro) prohibió al Gobierno suscribir el TLC, al hacer lugar a una medida cautelar contra la negociación en marcha.
El fallo impide a las autoridades colombianas “la refrendación de acuerdo alguno que resulte lesivo de los derechos colectivos de los consumidores y usuarios; al manejo racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; a la conservación de las especies animales y vegetales; a la protección del conocimiento tradicional de los de las comunidades indígenas y campesinas; a la libre competencia económica; a la salud, y a la seguridad alimentaria”.
Por ende, Recalca afirmó que “si el gobierno suscribe algún acuerdo en las condiciones arriba mencionadas, incurrirá en desacato, con las consiguientes consecuencias disciplinarias y penales”.
La providencia judicial detalla los puntos en los cuales se vulnerarían los derechos colectivos de los colombianos si se firmara el TLC, lo que impide al Gobierno interpretar libremente si el tratado es lesivo o no para el interés colectivo.
El tribunal estableció que “el aumento de las importaciones de productos como trigo, maíz, arroz, partes de pollo, etc, afecta los derechos colectivos”.
Señaló que “Estados Unidos protege de manera rigurosa y excesiva el ingreso de productos en su territorio, lo cual es considerado barreras no arancelarias” que afectan a los productos colombianos.
Y añadió que “los subsidios otorgados por Estados Unidos a su sector agropecuario afecta el interés colectivo, dado que Colombia no está en capacidad de conceder a sus agricultores tales ayudas”.
En materia de medicamentos, afirmó que “cualquier concesión que haga el Gobierno Nacional en materia de protección a la propiedad intelectual lesiona el derecho colectivo relacionado con la salud y puede llegar a afectar el patrimonio público por el incremento del gasto en la atención a la salud”.
El tribunal recordó además que “el patentamiento de organismos vivos afecta tratados internacionales relacionados con la protección de la biodiversidad y por tanto lesiona el derecho colectivo a la protección de especies animales y vegetales”.
Prohibió asimismo “suscribir un TLC que contemple patentes sobre el conocimiento de los pueblos indígenas”.
La situación no parece ofrecer salida sencilla al gobierno del presidente Uribe, dado que la medida cautelar sólo puede ser revocada por el Poder Judicial, y los recursos que pueda presentar el Ejecutivo no tienen efecto suspensivo sobre su vigencia.
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