El peaje aumentó un 250% en Uruguay:
se agudiza el conflicto con el país vecino.
Una de las principales razones de la crisis por la que atraviesa el autotransporte de cargas argentino es que fue barrido por las flotas de la región del intercambio de mercaderías con los países limítrofes, cuando aún existía la paridad entre el peso y el dólar. El transporte internacional por carretera absorbe un 25% del comercio entre los países del Cono Sur, según la Asociación Lationamericana de Integración (Aladi). Este mercado es esencial para la supervivencia de las compañías argentinas del sector porque aún sigue deprimido el traslado de carga dentro del país y los costos de repuestos y del gasoil aumentaron al ritmo de la devaluación del peso.

Pero justo en el momento en que pueden salir a competir con transportistas de la región gracias a la devaluación -que abarató en dólares los fletes internacionales percibidos por las compañías nacionales- se enfrentan con trabas de los países vecinos para desalentar su retorno al negocio.

Por eso, los empresarios aseguran que la integración parece ser un concepto válido en el rubro sólo cuando deja fuera de mercado a empresas argentinas, pero que es fácil de olvidar por los países vecinos cuando se modifican los términos de la competencia.

Máxime cuando Uruguay acaba de decidir un aumento del 250% de peajes exclusivo para camiones de carga y ómnibus de matrícula argentina. "Nos hemos bancado los últimos cuatro años cuando no éramos competitivos y ahora que empezamos a serlo nos quieren dejar afuera nuevamente. Por eso, estamos pidiendo la intervención del Estado para que se revierta esta situación", dijo a La Nación el titular de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), Luis Morales.

La Fadeeac y la Asociación de Transportistas Argentinos de Carga Internacional (Ataci) enviaron una carta al presidente Eduardo Duhalde el miércoles último donde le piden que intervenga para resolver "la evidente discriminación" surgida del aumento de los peajes decidido por Uruguay que tendrá "consecuencias altamente negativas" sobre la actividad económica nacional. El aumento de los peajes del Uruguay exclusivo para firmas nacionales, que se adoptó el lunes 9 del actual, fue instrumentado por una norma del Ministerio de Transporte de ese país, encabezado por Lucio Cáceres, en represalia al descuento de peajes para transportistas argentinos existente en nuestro país.

La norma uruguaya señala que el descuento de peajes de la Argentina a partir del dictado del decreto 802/01 hace que los transportistas extranjeros estén pagando tarifas "que superan en un 250%" a las que pagan los transportistas locales.

Las disminuciones tarifarias de peajes en el país para transportistas argentinos, adoptadas a partir de junio de 2001, parten del 60% y llegan al 72% para las empresas incluidas en el plan de competitividad que facilita al fisco el cobro de impuestos.

Pero las firmas locales deben pagar como compensación (a diferencia de las uruguayas, que cargarían el combustible en su país) la tasa vial creada por el decreto 802/01 que hoy se sitúa en 12 centavos por litro de gasoil.

Esta tasa aporta unos $ 100 millones mensuales a las arcas del Estado, de los cuales $ 40 millones se pagan a los concesionarios de peaje, según datos de la Secretaría de Transporte. Por otra parte, la devaluación disminuyó notablemente la incidencia de estas tarifas para los transportistas internacionales. Si antes pagaban un peaje "de 10 dólares, hoy abonan 2,78 dólares" en este concepto, según señala un comunicado firmado por las entidades del sector.

Cuestión de Estado
Entonces, la medida de Uruguay no surgiría porque los costos de peaje del país sean un problema para los transportistas uruguayos.
Por el contrario, sí lo sería la competencia de las firmas nacionales desde la devaluación del peso, argumentan los empresarios locales del autotransporte.

Además, se abre la puerta a un conflicto de nunca acabar porque la falta de presencia argentina en los tráficos regionales fue una de las causas de la crisis que derivó en decisiones como los descuentos de peaje vigentes en el país para transportistas locales.

Por este motivo, Fadeeac y Ataci solicitaron al presidente que tome "como una cuestión de Estado" la resolución del conflicto surgido con Uruguay por los peajes, según sostienen en la misiva.

De lo contrario, "el sector se reserva el derecho de tomar las medidas que considere más apropiadas para resolver el conflicto", señala la carta, firmada por Morales y el titular de Ataci, Federico Wipplinger.

Según comentarios que circularon la semana última entre los empresarios del autotransporte, una posible medida de fuerza por tomar sería propiciar un "cierre de fronteras" que impida el ingreso de los transportistas uruguayos.

Pero esta decisión sólo se tomaría si no se encuentra una salida alternativa en la reunión del Subgrupo de Trabajo Nº 5 sobre Transporte e Infraestructura del Mercosur, que comienza hoy en Foz de Iguazú, Brasil.

Por su parte, el presidente de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac), Rubén Agugliaro, dijo que la medida uruguaya muestra que el país vecino "defiende su sector de transporte, a diferencia de la Argentina".

La Secretaría de Transporte parece haber tomado nota de su posición. En los últimos 15 días la unidad especial que realiza verificaciones vehiculares en la frontera con Uruguay impidió el ingreso al país "a unos 200 vehículos de pasajeros y cargas de matrícula uruguaya" por desperfectos técnicos, según dijo una fuente del organismo oficial.

Multa
Otro aspecto que podría llevar a la toma de medidas de fuerza es la multa impuesta en Brasil a la empresa de transportes de cargas peligrosas Menconi por un accidente que tuvo a fines de mayo en el estado de Paraná, en virtud del cual se produjo el derrame de una sustancia contaminate (hexametilendiamina) en el medio ambiente (ver recuadro).

Pese a que la compañía reparó los daños ambientales afrontando costos de aproximadamente 100.000 dólares, le fue establecida una multa del orden de los US$ 75.000 por el Instituto Ambiental del Estado de Paraná, señala un documento de la Cámara Argentina de Transporte Automotor de Mercaderías Peligrosas (Catamp).
Fuente: Diario la Nación